
Para ello es imprescindible considerar la política educacional desde una perspectiva de desarrollo estratégico a nivel regional y nacional al servicio del pueblo pobre y no a favor del mercado y las políticas públicas impuestas por la derecha y la concertación, que sólo buscan favorecer a los poderosos y de lo cual hemos sido testigos a través de las políticas públicas en transporte, AFPs y tantas otras a través de las cuales se coartan los derechos del pueblo, dándole cabida a un sistema injusto y mercantilizado en los distintos derechos populares tanto en educación como en salud, vivienda, trabajo y seguridad.